Las medidas que el gobierno de Ecuador tomen para afrontar la crisis de violencia relacionada a las bandas armadas debe ser proporcional y limitadas a los requisitos de la situación, afirmó Naciones Unidas.
Liz Throssell, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, señaló que toda restricción debe respetar la legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
Además agregó que los poderes y funciones de seguridad de las fuerzas armadas deben tener carácter excepcional, limitado en el tiempo, y estar subordinados a la autoridad civil, para rendir cuentas.
Throssell pidió que las investigaciones abiertas por la Fiscalía General del Estado deben ser transparentes e independientes para poder garantizar el rendimiento de cuentas, según los estándares internacionales.
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